El diputado nacional de Santa Fe, Carlos Comi, presentará el 12 de marzo el texto definitivo que intentará transformar en ley. Aseguró que “son parte de una gran estafa en la Argentina, las privatizaciones”. Comi propone un nuevo sistema y que sea controlado por el Congreso.
El sistema de peajes instalado en el país comienza a ser cuestionado cada vez con mayor fuerza. Como en la gran mayoría de las privatizaciones de empresas y bienes del Estado, el paso a manos privadas no garantizó un mejor servicio. En el caso de las rutas está a la vista. La infraestructura es prácticamente la misma que hace cuarenta años atrás con un parque automotor varias veces mayor que en la década de los 70. Además el transporte de granos, que antes concentraba en su mayoría el ferrocarril, ahora se traslada en camiones. El resultado es el incremento de los siniestros viales con víctimas fatales.
El diputado nacional por la Coalición Cívica-ARI, Carlos Comi, comenzó a elaborar un proyecto para eliminar los peajes en las rutas nacionales porque, sostiene, sólo están para “cobrar y pagar sueldos”. Pero de construir nuevos caminos y mejorar los existentes, ni hablar.
“Los peajes son parte de una gran estafa en la Argentina, que fueron las privatizaciones; la entrega de los bienes construidos por el ahorro de los argentinos a manos privadas. El sistema de peaje, después de 20 años, no construyó un solo kilómetro nuevo de rutas nacionales. Además se pusieron cabinas sobre rutas ya existentes, mientras que en otros lugares del mundo los peajes contemplan que los empresarios hacen una inversión, desarrollan un nuevo camino, cuando está terminado se inaugura y se les da 30 años para que recuperen la inversión y ganen la rentabilidad empresaria que se acuerde. Acá se hizo todo al revés”, aseguró en diálogo con Diario UNO.
En ese sentido se explayó: “Se prometieron rutas del primer mundo, se prometieron rutas alternativas que nunca existieron, salvo contadísimas excepciones. Nunca se construyeron las rutas alternativas y gratuitas. Eso hizo que las rutas se convirtieran en aduanas interiores que están prohibidas por la Constitución y hubo un enorme negocio para las empresas llamadas El Club del Peaje, que son los socios del poder de siempre. En los 90 fueron los ligados al menemismo y a la patria contratista, los Macri y demás; en el 2000 Eurnekián y compañía, hoy con desarrollos enormes en la provincia de Buenos Aires; y ahora los nuevos como Cristóbal López, Electro Ingeniería y los grupos que aparecieron con el Kirchnerismo”.
“Los peajes, hoy, no tienen razón de ser”, dice el legislador y explica: “Las concesionarias no hacen absolutamente nada, no tienen ninguna obligación. Su única función es cobrar y pagar los sueldos. En su momento esto se alentó porque era darle más poder a Moyano, cuando él era un socio del Gobierno. Hoy ni siquiera existe este motivo, no válido, pero motivo político al fin que había tenido en su momento el Kirchnerismo”.
Barajar y dar de nuevo
“Estamos ante la necesidad de revisar todo. Nosotros elaboramos un proyecto que, lisa y llanamente, elimina todas las casillas de peaje de las rutas nacionales del país; que transfiere a todos los trabajadores a Vialidad Nacional; que jerarquiza a ese organismo y le da potestad absoluta y excluyente sobre el fondo específico que junta todos los impuestos a los combustibles que fueron 24 mil millones en el último año y de los cuales no se gastaron más de 800 millones en rutas nacionales”, detalló.
“Todo ese dinero –continuó–, que está destinado a eso, se utiliza para un montón de otras cosas. Pero queremos sacar del medio a todas estas empresas que no tienen ninguna razón de estar y que el único motivo que tienen es hacer fabulosos negocios con el Estado donde sólo ellos y los funcionarios actuantes, léase De Vido (Julio, ministro de Planificación Federal), saben cuáles son las características. El Estado ni siquiera llama a una licitación pública nacional e internacional cuando arregla, por ejemplo, la autovía 14 o la ruta 11. Lo que se hace es conceder directamente por decreto la obra y se la dan siempre al titular de ese corredor vial. Ahí está el negocio fabuloso de estos últimos tiempos, cuando hay obras, porque además no hay ningún tipo de control”.
Comi explicó que el proyecto que elaboró junto a su equipo de trabajo ahora está en manos del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial para que lo analicen y sugieran ampliaciones y modificaciones. El legislador pretende tener, antes de fin de mes, una versión final, mejorada a partir de la experiencia que esa organización tiene en esta pelea para poder presentarlo el 12 de marzo en Buenos Aires. Según explicó Comi, el lanzamiento se haría junto a una nueva organización, la Unión Nacional de Usuarios Viales, que está integrada, entre otros, por los usuarios autoconvocados de la ruta nacional 34. “Ahí vamos a comenzar con un gran plan de concientización en todo el país porque queremos que 2013 sea el año de la eliminación de los peajes”, aseguró.
Al complejo sistema descripto por el diputado se deben sumar los subsidios nacionales. En este punto Comi aclaró que en los últimos tiempos “hubo una retracción”, pero en un momento llegó a estar completamente subsidiado el transporte de carga. “Los usuarios viales comunes éramos los tontos de la película porque los colectivos y los transportistas no pagaban el peaje”, expresó.
Luego describió: “Con todos los ingresos del sistema, como los impuestos a los combustibles, lo que se cobra en las cabinas, entre otras cosas, se hace un fondo. De ese fondo, teóricamente, debería construirse y se le paga a las concesionarias lo que les corresponde y las indemnizaciones que el Estado les debe por las renegociaciones. Aunque nunca hicieron una obra el Estado les debe plata de indemnizaciones porque en su momento no se aumentaron los peajes como se debe. Todo eso sale de ese fideicomiso que se arma con todos estos rubros. Eso no incluye a la autopista de Santa Fe, pero creemos que hay que revisar todo el sistema de peajes. Si bien entre Santa Fe y Rosario hay una ruta alternativa, cuesta aceptar que el sistema sea la cabina de peaje, cuando todos pagamos un peaje indirecto cuando cargamos combustible, cuando compramos neumáticos, lubricantes. Hay un montón de rubros de los que se nutre este fideicomiso. Además, hay que discutir con la Nación cómo llegan también estos fondos a la provincia”.
Sobre quien tendría a cargo las obligaciones en cuanto a mantenimiento y condiciones de seguridad vial, el legislador dijo: “En realidad ya las tiene Vialidad que ya es la que repara las banquinas, ordena. Las concesionarias no hacen absolutamente nada. El Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales) no existe. De todo lo que se factura en las cabinas de peaje, el 0,5 por ciento va a ese organismo burocrático donde hay gente que cobra un sueldo y que no hace nada, que nunca controló nada, donde acceder a esa información es prácticamente imposible porque no cumplen con ninguna pauta de acceso a la información pública”.
“Nosotros queremos –prosiguió– que el Occovi se elimine y sea Vialidad Nacional la rectora de un gran plan vial nacional con control parlamentario. Queremos que se apruebe en el Congreso, que el Parlamento lo controle y que sea un plan en el cual se piensen las rutas del Siglo XXI. Hoy estamos funcionando con rutas de los años 50, 60 y 70 en el mejor de los casos con una inmensidad de camiones y autos que andan a 200 kilómetros por hora sin una política de seguridad vial”.
“Las políticas en esa área son pura cosmética”, aseveró y ejemplificó: “En Santa Fe brillan totalmente por su ausencia. Nunca vemos un móvil de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en lugares tan terribles como la ruta 34, la 11, la autopista Rosario-Córdoba que tiene un índice de siniestralidad y de víctimas fatales muy alto. Mientras que si uno tiene la suerte de ir a Mar del Plata ve 30 móviles en un trayecto de 400 kilómetros y cincuenta puestos móviles en la ciudad. Evidentemente a Randazzo (Florencio, ministro del Interior y Transporte) le interesa mucho más el márketing y la ilusión de su candidatura presidencial que una política nacional de seguridad vial seria en todo el país. Porque todos somos argentinos”.
—¿Hay un contexto político que le pueda garantizar viabilidad a su proyecto?
—Ojalá. Nosotros cuando lo presentemos y contemos con el aval de la organización Nacional vamos a hacérselo llegar al oficialismo, a la Presidencia de la Nación y a todos poderes. Ésta es una gran infamia que nos cae a todos los argentinos. Ojalá el Gobierno se anime a avanzar en esto porque hay muchos negocios en el medio. Pero ojalá se defienda el interés general y no el de algunos vivos.
Qué pasa en la provincia
—¿Su proyecto contempla los peajes en las rutas provinciales?
—No. Ése es un debate que tiene que tomar la provincia. Una discusión puede ser la autopista Santa Fe-Rosario, no conozco el contrato bien en profundidad, pero habría que analizarlo. Pero los peajes que a su vez rigen los municipios en las rutas del interior son un disparate. Cómo se calcula la tarifa, cuál es la contraprestación que ese peaje le da a las personas que pagamos, cómo se manejan los fondos, cuánto reciben las comunas. Nosotros tenemos la información de que los presidentes comunales cobran una especie de honorario por formar parte de esa red de peajes. Es un disparate absoluto que estamos investigando con nuestros diputados provinciales. Pero la verdad es que no tienen ninguna razón de ser. Éste es un esquema que en su momento se formó con Reutemann y que se mantuvo en el tiempo, pero que tiene que ser totalmente revisado. Claro que hay que discutir cómo esa gran torta de 24 mil millones de pesos, que se forma en todo el país cuando se llena el tanque de combustible, se distribuye en las direcciones provinciales de vialidad para el mejoramiento, para la construcción y la ampliación de los caminos provinciales y nacionales.
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