El Tribunal Oral Criminal 21 liberó este martes por la noche a los ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez luego que la Fiscalía solicitara su absolución por falta de pruebas. Estaban detenidos desde fines de 2010.
Los dos beneficiados, que llegaron al juicioacusados de ayudar a sacar las armas de la escena del crimen, comenzaron a efectivizar su libertad ayer por la noche al fin del extenso alegato de la fiscal Jalbert que no llegó a pedir las penas, pero calificó a los ferroviarios acusados.
Según la fiscal, Uño y Pérez recibieron el arma con que Cristian Favale habría matado a Ferreyra pero se trató de un “encubrimiento” por lo que antes de pedir las penas para los demás acusados anunció que el Ministerio Público Fiscalperdía el interés punitorio sobre ambos.
De inmediato, los abogados de Pérez y Uño reclamaron que se les concediera la libertad, a lo que el TOC21 accedió invocando razones procesales.
La querella del CELS, que representa a la familia de Mariano Ferreyra, había pedido cuatro años de prisión para cada uno, en tanto que la de los otros baleados en la agresión habían pedido la prisión perpetua por considerarlos integrantes del grupo de choque que concretó el plan ideado por el entonces secretario de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
La actitud de Jalbert dejó absortos a los querellantes, pero fue aplaudida por un minúsculo grupo de familiares de los acusados que aún seguía en la sala luego de que los habituales asistentes que acompañan a la familia de las víctimas ya se hubieran retirado.
La Procuración General, de la que dependen todos los fiscales, había designado recienemente a otros dos fiscales, Carlos Gamallo y Mariano Domínguez, para que respaldaran a Jalbert, dado que en el transcurso del juicio reveló una débil actitud acusatoria.
Antes de dar lugar a la libertad de los dos acusados, la fiscalía había anticipado que pedirá la prisión perpetua de Pedraza, de su número dos Juan Carlos Fernández y del delegado Claudio Díaz al dar por probado que la agresión fue ordenada por el primero y trasmitida por su segundo a Díaz, que la organizó.
A los tres y también a otros cinco acusados de la patota ferroviaria: Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Gustavo Alcorcel, Salvador Pipitó y Jorge Gonzalez, la fiscalia los calificó autores de los delitos de “homicidio agravado por el concurso premeditados de dos o más personas”, más tres tentativas de homicidio.
El TOC21 convocó a nueva audiencia para el viernes, cuando la fiscalía debería concluir su alegato y pedir las penas no sólo para los ferroviarios sino para los siete policías federales acusados de haber liberado la zona.
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