El contador Mario Rossini se presentó hoy en los Tribunales para una ampliación de indagatoria, en la que aseguró que no sabe la plata que debe y atribuyó lo ocurrido a “un negocio que no resultó”.
El juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, le tomó hoy una ampliación de declaración indagatoria al contador Mario Rossini, quien se encuentra privado de la libertad y procesado por 62 casos de administración fraudulenta al frente de las empresas Bolsafé Valores y BV Emprendimientos.
“La razón por la cual solicito declarar es empezar a disipar dudas e incertidumbres”, dijo el titular de las firmas investigadas. “Esto no es una administración fraudulenta, sino una mala administración, un negocio que no resultó y que se vio agravado en el momento que hubo una corrida de clientes muy importante producto del ACV (accidente cerebro vascular) que me dio y del temor de la gente, que como consecuencia se llevó la liquidez que tenía la empresa”.
Acompañado por el abogado Alejandro María Otte, que junto con el Dr. Néstor Oroño llevan adelante su defensa, el imputado ofreció un panorama desolador de las firmas que administraba.
El empresario bursátil santafesino por excelencia reconoció ante el juez que desde que comenzaron los rumores “eran más los que se retiraban de la empresa que los que ingresaban” y aseguró que ello se encuentra registrado “en los movimientos de la cuenta del Banco Galicia”
Jaque en 2011
Según Rossini el dinero que se movía estaba “destinado al pago de clientes producto de alquileres de títulos, pago de renta y amortización de títulos y dividendos en efectivo” que fueron haciendo cada vez mayor ese agujero negro que hoy genera el reclamo de más de un centenar de clientes.
Si bien se trata de una empresa con 12 años en el mercado local “el proceso de falta de liquidez comenzó en 2011”, y precisó que en el segundo semestre de ese año “se comenzó a trabar la operatoria” por el “atraso en el pago de renta” y que por eso la gente se empezó a retirar”. “Hay que aclarar que esta es una actividad basada totalmente en la confianza y ante los atrasos en los pagos se produjo una gran fuga de capitales”, explicó.
También dijo que Bolsafé operaba entre 40 y 60 millones de pesos por año y que si bien en BV Emprendimientos se pagaban $ 30.000 de intereses y rentas diarios la empresa “no daba ganancia”, “los grandes números eran negativos”, sentenció. Cuando le preguntaron si sabía la plata que debía contestó que “no tengo idea”.
“Manejaba todo solo”
Por otra parte se declaró responsable absoluto de lo sucedido. “En ambas empresas yo era el único que tomaba decisiones, yo manejaba todo solo”. Es más, defendió a su personal diciendo que en algunos casos el resto del directorio estaba compuesto por empleados que “ingresaron casi obligados por el tiempo que hacía que trabajaban allí”.
También le preguntaron si contaba con representantes o corredores, a quienes también desvinculó diciendo que su función era sólo la de “detectar clientes”. En total “eran 34 productores, que eran los principales estudios contables del interior provincial” y todos ellos estaban registrados en el MVL.
En un pasaje de la indagatoria Rossini se refirió a lo ocurrido con aquellos clientes que no firmaron autorización para el alquiler de títulos, diciendo que “hacía un tiempo largo que la autorización se daba por teléfono, y después firmaban, pero hay muchos que no la firmaron”. Por último, destacó que “le aclaraba” a la gente que al celebrar un contrato de alquiler de títulos ello implicaba la transferencia de la titularidad de los bonos pero reconoció que no les decía a los clientes que utilizaba los títulos que entraban para pagar a otros clientes que se retiraban del mercado.
“La razón por la cual solicito declarar es empezar a disipar dudas e incertidumbres”, dijo el titular de las firmas investigadas. “Esto no es una administración fraudulenta, sino una mala administración, un negocio que no resultó y que se vio agravado en el momento que hubo una corrida de clientes muy importante producto del ACV (accidente cerebro vascular) que me dio y del temor de la gente, que como consecuencia se llevó la liquidez que tenía la empresa”.
Acompañado por el abogado Alejandro María Otte, que junto con el Dr. Néstor Oroño llevan adelante su defensa, el imputado ofreció un panorama desolador de las firmas que administraba.
El empresario bursátil santafesino por excelencia reconoció ante el juez que desde que comenzaron los rumores “eran más los que se retiraban de la empresa que los que ingresaban” y aseguró que ello se encuentra registrado “en los movimientos de la cuenta del Banco Galicia”
Jaque en 2011
Según Rossini el dinero que se movía estaba “destinado al pago de clientes producto de alquileres de títulos, pago de renta y amortización de títulos y dividendos en efectivo” que fueron haciendo cada vez mayor ese agujero negro que hoy genera el reclamo de más de un centenar de clientes.
Si bien se trata de una empresa con 12 años en el mercado local “el proceso de falta de liquidez comenzó en 2011”, y precisó que en el segundo semestre de ese año “se comenzó a trabar la operatoria” por el “atraso en el pago de renta” y que por eso la gente se empezó a retirar”. “Hay que aclarar que esta es una actividad basada totalmente en la confianza y ante los atrasos en los pagos se produjo una gran fuga de capitales”, explicó.
También dijo que Bolsafé operaba entre 40 y 60 millones de pesos por año y que si bien en BV Emprendimientos se pagaban $ 30.000 de intereses y rentas diarios la empresa “no daba ganancia”, “los grandes números eran negativos”, sentenció. Cuando le preguntaron si sabía la plata que debía contestó que “no tengo idea”.
“Manejaba todo solo”
Por otra parte se declaró responsable absoluto de lo sucedido. “En ambas empresas yo era el único que tomaba decisiones, yo manejaba todo solo”. Es más, defendió a su personal diciendo que en algunos casos el resto del directorio estaba compuesto por empleados que “ingresaron casi obligados por el tiempo que hacía que trabajaban allí”.
También le preguntaron si contaba con representantes o corredores, a quienes también desvinculó diciendo que su función era sólo la de “detectar clientes”. En total “eran 34 productores, que eran los principales estudios contables del interior provincial” y todos ellos estaban registrados en el MVL.
En un pasaje de la indagatoria Rossini se refirió a lo ocurrido con aquellos clientes que no firmaron autorización para el alquiler de títulos, diciendo que “hacía un tiempo largo que la autorización se daba por teléfono, y después firmaban, pero hay muchos que no la firmaron”. Por último, destacó que “le aclaraba” a la gente que al celebrar un contrato de alquiler de títulos ello implicaba la transferencia de la titularidad de los bonos pero reconoció que no les decía a los clientes que utilizaba los títulos que entraban para pagar a otros clientes que se retiraban del mercado.
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